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“La tierra está llena de metales y también abundan las fuentes energéticas. Empero, las fronteras de la extracción avanzan hacia nuevos territorios porque las viejas fuentes son agotadas o se vuelven demasiado caras” (Martínez Alier, 2004, p. 82). En Avatar, la película dirigida y escrita por James Cameron, un grupo de científicos, hombres de negocios y militares han llevado la explotación de recursos a un nuevo territorio en la constelación de Alfa Centauri. La corporación RDA planea explotar un mineral valioso en Pandora, una luna habitada por una población de humanoides azules llamados Na’vi quienes poseen una conexión especial con la naturaleza de su mundo. Este mineral yace debajo de un árbol sagrado gigantesco el cual es derribado con misiles ocasionando al mismo tiempo la muerte de miembros del clan Omaticaya quienes se habían rehusado a abandonar su hogar alrededor del árbol. A pesar de ser una raza físicamente más fuerte que la raza humana, los Na’vi no poseen la tecnología necesaria para enfrentarse a las armas y naves de los militares. Cuando parece que el clan será exterminado del todo, la naturaleza de Pandora se une a la causa para cambiar la balanza de fuerzas.
La trama ficticia de Avatar muestra una realidad de nuestro mundo reflejada en protestas de distintos grupos contra grandes corporaciones. En 1958 la compañía angloholandesa Shell descubrió un yacimiento de petróleo en el delta del Níger donde habita el pueblo de los Ogoni. En ese entonces Nigeria se encontraba bajo el dominio británico. Siendo una minoría étnica, los Ogoni no tuvieron participación política en su país ni siquiera después de la independencia de Nigeria en 1960. A pesar de esto protestaron contra Shell debido a los impactos ambientales causados en su territorio por la extracción del petróleo, la combustión de gas y los derrames que contaminaron el agua y las tierras de las cuales obtenían su sustento a través de la agricultura (Factsheet on the Ogoni Struggle).
En 1990 durante la dictadura militar del presidente Ibrahim Babangida el pueblo se organizó en un movimiento para la supervivencia de los Ogoni (Mosop) liderado por el escritor y productor de televisión Ken Saro Wiwa para protestar contra Shell y la indiferencia del gobierno nigeriano. Redactaron una declaración de derechos en la cual pidieron autonomía al gobierno para participar en los asuntos políticos del país, para controlar y utilizar una porción justa de los recursos económicos derivados de las actividades en su territorio y para proteger el medio ambiente (Ogoni Bill of Rights).
El presidente Babangida había llegado al poder mediante un golpe de Estado en 1985. Con la promesa de instaurar la democracia en el país organizó las elecciones en 1993, sin embargo la victoria de Moshood Abiola fue rechazada por el régimen militar. En medio de las protestas tras la anulación de las elecciones se designó a Ernest Shonekan como sucesor de Babangida, quien a su vez fue derrocado (Factsheet on the Ogoni Struggle). Shell canceló sus operaciones en el territorio Ogoni después de que uno de sus empleados resultó golpeado durante las protestas (BBC News, 9 de junio de 2009).
El general Sani Abacha tomó el poder, mantuvo en prisión a Moshood Abiola y bajo su régimen fueron ejecutados Ken Saro Wiwa y ocho ambientalistas después de ser hallados culpables por el asesinato de cuatro líderes de la comunidad Ogoni (CNN, 1995). Estos hechos ocasionaron que Nigeria fuera suspendida de la Commonwealth en 1995 (BBC News, 8 de junio 1998).
Luego en 1996 se inició una demanda contra Shell y su subsidiara nigeriana la Shell Petroleum Development Company (SPDC) por haber conspirado con el gobierno nigeriano para ejecutar a los nueve ambientalistas y por colaborar con los militares para torturar a los protestantes del pueblo Ogoni. En el 2009 Shell acordó pagar $15.5 millones de dólares como un “gesto humanitario” hacia el pueblo de los Ogoni (Guardian, 9 de junio de 2009), aunque niega su implicación en los hechos violentos que ocurrieron. El caso Wiwa et al v. Royal Dutch Petroleum et al., se encuentra documentado en el sitio web del Centre for Constitutional Rights.
Los familiares de los nueve ambientalistas representados por el Centre for Constitutional Rights llevaron el caso a los Estados Unidos por medio de la Alien Tort Claims Act (ATCA) de 1789, la cual ha sido utilizada en demandas por violaciones contra los derechos humanos en el exterior. En el 2004 la Corte Suprema declaró que los extranjeros podían llevar casos ante las cortes americanas en circunstancias limitadas como crímenes contra la humanidad o tortura. Aunque varias corporaciones multinacionales han sido demandadas a través de la ATCA hasta ahora ninguna ha sido hallada culpable (New York Times, 8 de junio de 2009). No obstante, el acuerdo de Shell es un avance en este tema.
Según Martínez Alier (2004) la amenaza que representa la ATCA para las empresas multinacionales ha provocado una reacción organizada para lograr que el Congreso de los Estados Unidos llegue a derogarla o que la Corte Suprema recorte su aplicabilidad. En Europa no existe una ATCA, siendo más favorable la situación de la empresas europeas que en Estados Unidos.
La doctrina de forum non conveniens, según la cual una corte se puede rehusar a tomar jurisdicción en casos donde existe un foro más apropiado para las partes involucradas, ha sido aplicada repetidamente ya que desde un punto de vista jurídico es más favorable enjuiciar los casos en el lugar donde se han producido los daños. Sin embargo, los casos presentados ante las cortes de Estados Unidos tendrían la ventaja de ser más evidentes para el público de lo que serían si fueran presentados en las cortes de países del Tercer Mundo (Martínez Alier, 2004).
Inversión social de Shell
Un tercio de la suma pagada por Shell fue destinado a un fondo fiduciario para ser utilizado en proyectos sociales. En su sitio web Shell reconoce que en el pasado la subsidiaria SPDC no destinó suficientes ganancias de la explotación de petróleo para proyectos de desarrollo. En la actualidad las compañías de Shell en Nigeria pagan impuestos y regalías y el gobierno decide cómo distribuir el dinero entre los estados (The Ogoni Issue).
La SPDC ha destinado recursos a proyectos enfocados a la agricultura, la salud, la educación y a la creación de pequeños negocios. Por ejemplo, a través de su alianza con Globacom, una compañía de telecomunicaciones en Nigeria, ha entrenado a más de 850 personas para desarrollar negocios de telefonía móvil (SPDC, 2009).
Responsabilidad social corporativa y normatividad ambiental
El conflicto en el delta del Níger y otros casos de batallas contra compañías explotadoras de recursos evidencian la necesidad de exigir mayor responsabilidad a las empresas dentro de los territorios en los cuales operan. Asimismo, muestran que la corrupción puede reforzar la inercia de las corporaciones y la degradación del medio ambiente, o como en el caso de la industria de camarones cultivados, la negligencia de los gobiernos puede llevar al otorgamiento de concesiones privadas a empresas que explotan los recursos por su valor comercial sin tomar en cuenta el valor de los servicios ambientales y otros beneficios inconmensurables (Martínez Alier, 2004).
En Colombia se han detectado más de cinco mil irregularidades en el manejo de dineros procedentes de regalías que se entregan a los departamentos y municipios (Caracol, 6 de enero de 2010). Este tipo de problemas genera una asignación ineficiente de los recursos del país lo cual a su vez obstaculiza el desarrollo de buenas prácticas públicas.
Las Corporaciones Autónomas Regionales, identificadas en la ley 99 de 1993 como máxima autoridad ambiental a nivel regional, obtienen sus recursos del porcentaje ambiental del impuesto predial, que transfieren los municipios y distritos de la jurisdicción, de las transferencias del sector eléctrico, tasas, multas y participaciones establecidas en la ley (CAR, Estados financieros 2008). Deben destinar estos recursos a la ejecución de programas y proyectos de restauración o protección del medio ambiente de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios y contar con instrumentos de gestión pública que permitan la implementación de buenas prácticas de gerencia logrando una administración eficiente y transparente.
Mientras que la responsabilidad social es una obligación de las autoridades ambientales, para las empresas constituye una forma de autorregulación que busca adherirse a las leyes, estándares y normas internacionales. Por lo tanto la RSC se encuentra fuertemente asociada a la normatividad ambiental sin estar limitada por ella, ya que las empresas pueden mejorar sus prácticas más allá del alcance de las leyes, estándares y normas. Y es en este sentido que la RSC se integra a los modelos de negocio como una respuesta proactiva a los retos del desarrollo. Referencias
BBC News (June 8, 1998) Abacha dies at 54. BBC News (June 9, 2009) Will Shell payout change Nigeria Delta?
Caracol (Enero 6 de 2010) Zar anticorrupción detectó más de 5 mil presuntas irregularidades en manejo de regalías. Centre for Constitutional Rights. Wiwa et al v. Royal Dutch Petroleum et al. CNN (November 11, 1995) Nigeria suspended from Commonwealth. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (C.A.R) Estados financieros 2008. Factsheet on the Ogoni Struggle. Guardian (June 9, 2009) Shell pays out $15.5m over Saro-Wiwa killing. Martínez Alier, J. (2004) El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria editorial, s.a. New York Times (June 8, 2009) Shell to pay $15.5 million to settle Nigerian case. Ogoni Bill of Rights. Shell settles Wiwa case with humanitarian gesture. SPDC (2009) Improving lives in the Niger Delta. The Ogoni Issue.
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